Paramilitares “empezarían a matar hoy” a indígenas que no dejen Ixcatlán, en Oaxaca
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 5 de diciembre. El municipio de Santo Domingo Ixcatlán, región de la Mixteca, vive un “estado de zozobra” desde la mañana del miércoles, cuando un grupo paramilitar priísta cerró los accesos a la población, denunció Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), quien criticó la apatía e indolencia de los gobiernos federal y estatal para poner orden en esa localidad.
Los accesos a la población siguen obstruidos por unos 50 hombres encapuchados y armados que impiden la entrada y salida de vehículos y personas a pie, además de que no se ha restablecido la energía eléctrica, señaló.
Dijo que el mismo miércoles, el grupo paramilitar expulsó a cinco agentes de la Policía Estatal Preventiva y emplazó a los 178 habitantes –para quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado al gobierno mexicano medidas cautelares– a salir del pueblo o, de lo contrario, serían asesinados.
Explicó que los profesores de las escuelas y el personal del Centro de Salud también fueron expulsados “con lujo de violencia” por los hombres armados.
Expuso que los hechos fueron denunciados ante la agencia del Ministerio Público con sede en Tlaxiaco, que inició la averiguación previa 125/TX/2008, pero “hasta el momento no se ha realizado ninguna diligencia para la detención del grupo armado”.
Resulta increíble –subrayó– que el Estado mexicano no dé la debida importancia a las medidas cautelares solicitadas para los pobladores, a pesar de que por medio de sus representantes ha reiterado su disposición a garantizar la vida e integridad física de éstos, así como ejecutar las órdenes de aprehensión de los sujetos armados.
“No sólo no se ha brindado seguridad a los pobladores, sino que tratan de confundir a la opinión pública con la mentira que están difundiendo de que no existen grupos de paramilitares, a pesar de todas las evidencias presentadas”, remarcó.
Asimismo, responsabilizó a los gobiernos federal y estatal “de lo que pueda acontecer” en la población, porque el grupo armado amenazó que mañana empezará a asesinar a los pobladores y a derribar sus casas.
Aseveró que la CIDH ha solicitado al Estado mexicano un informe detallado sobre los hechos, por no atender las medidas cautelares dictadas.
Precisó que el organismo internacional otorgó las medidas cautelares MC-113-08 a 178 pobladores por estar en riesgo su vida e integridad física ante las amenazas de muerte del mismo grupo, después de los asesinatos de los pobladores Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé, ocurridos el pasado 30 de abril, por oponerse a la venta de tierras del pueblo a su vecino Chalcatongo de Hidalgo –con el que tienen un conflicto agrario– a cambio de 40 millones de pesos y otro monto no definido para proyectos productivos.
A todo esto, Joaquín Rodríguez Palacios, subsecretario general de Gobierno, dijo que la policía no se ha retirado de Santo Domingo Ixcatlán y rechazó que haya un grupo armado. “Es un grupo de vándalos y asaltantes que estaban armados, pero que ya son buscados por las corporaciones policíacas”, señaló.
Mencionó que los hombres armados aparecieron en Santo Domingo Ixcatlán “ante la ausencia de la Policía Estatal Preventiva que habían salido a realizar un rondín” en los límites con Chalcatongo de Hidalgo. “El grupo se presentó pretendiendo sorprender la buena fe de los habitantes de la comunidad”, pero se retiró del lugar ante el regreso de los agentes a la población, indicó.
Destacó que la policía estatal no se retirará de esa municipalidad, sino por el contrario se fortalecerá la vigilancia con integrantes del Ejército Mexicano, quienes también realizarán recorridos en la zona.
“El reporte que tenemos desde la tarde de ayer es que todo está normal, la gente realiza sus actividades de manera cotidiana y sin ningún problema”, aseguró.
Los accesos a la población siguen obstruidos por unos 50 hombres encapuchados y armados que impiden la entrada y salida de vehículos y personas a pie, además de que no se ha restablecido la energía eléctrica, señaló.
Dijo que el mismo miércoles, el grupo paramilitar expulsó a cinco agentes de la Policía Estatal Preventiva y emplazó a los 178 habitantes –para quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado al gobierno mexicano medidas cautelares– a salir del pueblo o, de lo contrario, serían asesinados.
Explicó que los profesores de las escuelas y el personal del Centro de Salud también fueron expulsados “con lujo de violencia” por los hombres armados.
Expuso que los hechos fueron denunciados ante la agencia del Ministerio Público con sede en Tlaxiaco, que inició la averiguación previa 125/TX/2008, pero “hasta el momento no se ha realizado ninguna diligencia para la detención del grupo armado”.
Resulta increíble –subrayó– que el Estado mexicano no dé la debida importancia a las medidas cautelares solicitadas para los pobladores, a pesar de que por medio de sus representantes ha reiterado su disposición a garantizar la vida e integridad física de éstos, así como ejecutar las órdenes de aprehensión de los sujetos armados.
“No sólo no se ha brindado seguridad a los pobladores, sino que tratan de confundir a la opinión pública con la mentira que están difundiendo de que no existen grupos de paramilitares, a pesar de todas las evidencias presentadas”, remarcó.
Asimismo, responsabilizó a los gobiernos federal y estatal “de lo que pueda acontecer” en la población, porque el grupo armado amenazó que mañana empezará a asesinar a los pobladores y a derribar sus casas.
Aseveró que la CIDH ha solicitado al Estado mexicano un informe detallado sobre los hechos, por no atender las medidas cautelares dictadas.
Precisó que el organismo internacional otorgó las medidas cautelares MC-113-08 a 178 pobladores por estar en riesgo su vida e integridad física ante las amenazas de muerte del mismo grupo, después de los asesinatos de los pobladores Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé, ocurridos el pasado 30 de abril, por oponerse a la venta de tierras del pueblo a su vecino Chalcatongo de Hidalgo –con el que tienen un conflicto agrario– a cambio de 40 millones de pesos y otro monto no definido para proyectos productivos.
A todo esto, Joaquín Rodríguez Palacios, subsecretario general de Gobierno, dijo que la policía no se ha retirado de Santo Domingo Ixcatlán y rechazó que haya un grupo armado. “Es un grupo de vándalos y asaltantes que estaban armados, pero que ya son buscados por las corporaciones policíacas”, señaló.
Mencionó que los hombres armados aparecieron en Santo Domingo Ixcatlán “ante la ausencia de la Policía Estatal Preventiva que habían salido a realizar un rondín” en los límites con Chalcatongo de Hidalgo. “El grupo se presentó pretendiendo sorprender la buena fe de los habitantes de la comunidad”, pero se retiró del lugar ante el regreso de los agentes a la población, indicó.
Destacó que la policía estatal no se retirará de esa municipalidad, sino por el contrario se fortalecerá la vigilancia con integrantes del Ejército Mexicano, quienes también realizarán recorridos en la zona.
“El reporte que tenemos desde la tarde de ayer es que todo está normal, la gente realiza sus actividades de manera cotidiana y sin ningún problema”, aseguró.
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